Javier Antonio Susín es licenciado en Derecho y ingresó en la Policía Nacional en el año 1993. A lo largo de su carrera, ha ascendido por etapas. En 2008, se convirtió en inspector jefe, y en 2017, fue nombrado comisario al ser designado jefe de la comisaría de Parla (Madrid). Finalmente, en 2023, ha alcanzado el cargo de comisario principal, lo que demuestra su experiencia y capacidad en la gestión de la información policial.
Durante su trayectoria profesional, ha asumido diferentes responsabilidades, principalmente en la Comisaría General de Información. Su experiencia le ha permitido desarrollar habilidades especializadas en la recopilación, análisis y difusión de información relevante para la seguridad del Estado y la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.
El cargo de comisario general de Información es clave en la seguridad del Estado. Como se ha destacado, este puesto es esencial en la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado. El nuevo comisario posee diferentes condecoraciones policiales y de otras instituciones, lo que demuestra su mérito y compromiso con la labor policial.
Además, la importancia del cargo se ve reflejada en la necesidad de que los mandos de la Policía sirvan a la sociedad y "salvaguarden a la institución de aquellos que se alejan de la máxima de cumplir y hacer cumplir la ley". Esta responsabilidad es fundamental para garantizar la seguridad y la estabilidad del país.
El nombramiento se ha realizado a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo. Este lunes, Francisco Pardo asistió a la toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía, Javier Galván. Esta colaboración entre los diferentes niveles de la Policía Nacional es esencial para el buen funcionamiento de la institución y la realización de sus objetivos.
La designación de Javier Antonio Susín Bercero como nuevo comisario general de Información es un paso significativo en la evolución de la Policía Nacional. Con su experiencia y habilidades, espera que pueda contribuir de manera significativa a la seguridad del país y a la lucha contra los delitos más graves.
Desde 2008, Javier Susín ascendió a inspector jefe y en 2017 se convirtió en comisario. En ese año, recibió el mando de la comisaría de Parla, en la periferia de Madrid. Y en 2023, llegó a la posición de comisario principal. Desde 2020, durante la pandemia, ha liderado la estratégica Brigada Provincial de Información en Madrid. Posee un extenso conocimiento en temas como crimen organizado, terrorismo, blanqueo y campañas de desinformación, que son de vital importancia para la Seguridad del Estado.
Su trayectoria en la Policía Nacional es impresionante. Ha trabajado durante 31 años en la institución y es parte de la generación que asume los mayores cargos. Entró en el cuerpo en 1993, año en el que ETA causó la muerte de 14 víctimas. La lucha antiterrorista ha sido una de sus principales tareas a lo largo de su carrera.
Javier Susín fue elegido entre siete candidaturas, todas con carreras de alto valor para el cargo. Según quienes conocieron el proceso, fue una competencia muy intensa. Su veterano director adjunto operativo (DAO), el comisario recientemente renovado José Ángel González, influyó directamente en la decisión del director general. Sus áreas de reciente actividad, como jefe de la Brigada madrileña, han abarcado temas como las bandas juveniles, que son un preámbulo de la delincuencia organizada adulta. También se ha ocupado de la actividad desestabilizadora desarrollada por grupos extremistas en torno a los escraches de la extrema derecha.
Además, ha participado en la investigación del atentado a manos de un sicario que casi costó la vida a Alejo Vidal Quadras. De toda la Policía Nacional, que cuenta con 74.000 miembros, la CGI es la única comisaría general cuya estructura es secreta. También se reservan los nombres de sus integrantes, la organización jerárquica, los medios a su disposición y los procedimientos operativos. Esta comisaría también depende de las áreas policiales de los técnicos en desactivación y analistas de explosivos (TEDAX) y en defensa nuclear, radiológica, biológica y química (NRBQ).
Un empleado estaba transportando dinero cuando dejó caer 400 dólares durante el trayecto hacia la caja central. El dinero quedó en el suelo y fue recogido por una pareja. Más tarde, la trabajadora Crescencia y su pareja Pedro Jesús se encontraron con el dinero. Aunque Crescencia no tomó los billetes, no notificó al personal sobre el hallazgo. Esto llevó a que El Corte Inglés la despediera en octubre de 2022 bajo el argumento de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.
En una entrevista, Crescencia fue cuestionada sobre el dinero perdido, pero no respondió de manera adecuada. El tribunal consideró que su falta de transparencia y negativa a informar sobre el hallazgo constituían una transgresión grave, justificando el despido.
Initialmente, el Juzgado de lo Social n.° 1 de Tarragona había declarado improcedente el despido y ordenado la readmisión de la trabajadora o el pago de una indemnización. Sin embargo, El Corte Inglés recurrió a esta decisión, lo que llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El tribunal basado en el recurso de la empresa decidió que, aunque Crescencia no se apropió directamente del dinero, su comportamiento era inaceptable. Las infracciones jurídicas presentadas por la defensa de Crescencia no fueron admitidas, ya que no se documentaron de manera suficiente.
Esta decisión destaca las rigurosas expectativas que las empresas tienen sobre sus empleados en materia de honestidad y transparencia. Aunque el involucramiento directo puede ser discutible en ciertos casos, es importante adherirse a las políticas internas, especialmente en situaciones fuera del horario laboral.
El fallo también confirma que el comportamiento de Crescencia vulneró la buena fe contractual y que el tribunal revisó la gravedad de la situación para justificar el despido. Además, El Corte Inglés no tendrá que pagar costas procesales y podrá recuperar los depósitos y consignaciones realizadas durante el proceso de recurso.
Crescencia aún tiene la posibilidad de solicitar un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, lo que podría prolongar el litigio laboral.