Desde 2008, Javier Susín ascendió a inspector jefe y en 2017 se convirtió en comisario. En ese año, recibió el mando de la comisaría de Parla, en la periferia de Madrid. Y en 2023, llegó a la posición de comisario principal. Desde 2020, durante la pandemia, ha liderado la estratégica Brigada Provincial de Información en Madrid. Posee un extenso conocimiento en temas como crimen organizado, terrorismo, blanqueo y campañas de desinformación, que son de vital importancia para la Seguridad del Estado.
Su trayectoria en la Policía Nacional es impresionante. Ha trabajado durante 31 años en la institución y es parte de la generación que asume los mayores cargos. Entró en el cuerpo en 1993, año en el que ETA causó la muerte de 14 víctimas. La lucha antiterrorista ha sido una de sus principales tareas a lo largo de su carrera.
Javier Susín fue elegido entre siete candidaturas, todas con carreras de alto valor para el cargo. Según quienes conocieron el proceso, fue una competencia muy intensa. Su veterano director adjunto operativo (DAO), el comisario recientemente renovado José Ángel González, influyó directamente en la decisión del director general. Sus áreas de reciente actividad, como jefe de la Brigada madrileña, han abarcado temas como las bandas juveniles, que son un preámbulo de la delincuencia organizada adulta. También se ha ocupado de la actividad desestabilizadora desarrollada por grupos extremistas en torno a los escraches de la extrema derecha.
Además, ha participado en la investigación del atentado a manos de un sicario que casi costó la vida a Alejo Vidal Quadras. De toda la Policía Nacional, que cuenta con 74.000 miembros, la CGI es la única comisaría general cuya estructura es secreta. También se reservan los nombres de sus integrantes, la organización jerárquica, los medios a su disposición y los procedimientos operativos. Esta comisaría también depende de las áreas policiales de los técnicos en desactivación y analistas de explosivos (TEDAX) y en defensa nuclear, radiológica, biológica y química (NRBQ).
Un empleado estaba transportando dinero cuando dejó caer 400 dólares durante el trayecto hacia la caja central. El dinero quedó en el suelo y fue recogido por una pareja. Más tarde, la trabajadora Crescencia y su pareja Pedro Jesús se encontraron con el dinero. Aunque Crescencia no tomó los billetes, no notificó al personal sobre el hallazgo. Esto llevó a que El Corte Inglés la despediera en octubre de 2022 bajo el argumento de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.
En una entrevista, Crescencia fue cuestionada sobre el dinero perdido, pero no respondió de manera adecuada. El tribunal consideró que su falta de transparencia y negativa a informar sobre el hallazgo constituían una transgresión grave, justificando el despido.
Initialmente, el Juzgado de lo Social n.° 1 de Tarragona había declarado improcedente el despido y ordenado la readmisión de la trabajadora o el pago de una indemnización. Sin embargo, El Corte Inglés recurrió a esta decisión, lo que llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El tribunal basado en el recurso de la empresa decidió que, aunque Crescencia no se apropió directamente del dinero, su comportamiento era inaceptable. Las infracciones jurídicas presentadas por la defensa de Crescencia no fueron admitidas, ya que no se documentaron de manera suficiente.
Esta decisión destaca las rigurosas expectativas que las empresas tienen sobre sus empleados en materia de honestidad y transparencia. Aunque el involucramiento directo puede ser discutible en ciertos casos, es importante adherirse a las políticas internas, especialmente en situaciones fuera del horario laboral.
El fallo también confirma que el comportamiento de Crescencia vulneró la buena fe contractual y que el tribunal revisó la gravedad de la situación para justificar el despido. Además, El Corte Inglés no tendrá que pagar costas procesales y podrá recuperar los depósitos y consignaciones realizadas durante el proceso de recurso.
Crescencia aún tiene la posibilidad de solicitar un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, lo que podría prolongar el litigio laboral.
Los accidentes en la autopista del sur de Tenerife no solo han traído dolor y sufrimiento a las personas involucradas, sino también han tenido un impacto significativo en el tráfico y la movilidad diaria de la región. La TF-1, una de las principales carreteras de la isla, se ha visto obstruida durante un buen rato, generando retenciones y retardingos en el tránsito. Esto ha afectado a los conductores y a las familias que dependen de la carretera para sus desplazamientos diarios. Además, el hecho de que hayan sido cuatro personas las heridas leves en estos accidentes pone de manifiesto la importancia de la seguridad vial y la necesidad de mantener una vigilancia constante.
Los servicios de emergencia, como el Servicio de Urgencias Canario (SUC), han desempeñado un papel crucial en la atención a los heridos y en la mitigación de las consecuencias de los accidentes. Su rapidez en llegar al lugar y atender a las personas ha sido esencial para minimizar los daños y facilitar el proceso de recuperación. Sin embargo, esto también ha puesto de manifiesto las limitaciones de los recursos y la necesidad de continuar trabajando en la mejora de la capacidad de respuesta en caso de emergencias viales.
Estos incidentes en la autopista del sur de Tenerife nos brindan una oportunidad para reflexionar sobre la seguridad vial y las medidas que podemos tomar para prevenir accidentes similares en el futuro. Una de las lecciones es la importancia de la educación vial y la conciencia de los conductores sobre los riesgos y las precauciones a tomar en la carretera. También es esencial que se realicen mejoras en la infraestructura vial, como la instalación de señales y señales de tráfico más eficaces, así como la mejora de la mantención de las carreteras. Además, la colaboración entre las diferentes entidades involucradas, como el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112), el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y las autoridades de tráfico, es crucial para garantizar una respuesta rápida y efectiva en caso de emergencias.
Otra lección importante es la necesidad de promover una cultura de seguridad vial en la sociedad. Esto implica que todos los miembros de la comunidad tengan una responsabilidad en la prevención de accidentes y en la protección de la vida y la salud de los demás. Esto puede incluir la promoción de conductas seguras, la sensibilización sobre los riesgos y la educación continua en materia de seguridad vial. Solo a través de un esfuerzo conjunto podemos lograr una autopista más segura y una movilidad más fluida en Tenerife.