El martes, en una asamblea de la Corte Penal Internacional, el Gobierno de Argentina denunció con firmeza el asedio que las fuerzas policiales de Venezuela han llevado a cabo a su sede diplomática. Se encuentran refugiados allí seis dirigentes opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Estos dirigentes han encontrado refugio en el edificio, pero han sido objeto de restricciones y amenazas.
Tanto los propios refugiados como las autoridades argentinas han alertado sobre la presencia de funcionarios venezolanos que mantienen rodeado el edificio, restringiendo los servicios de electricidad y agua y impediendo el paso de vehículos para abastecerse de alimentos. Esto ha creado una situación de tensión y desconfianza entre los dos países.
Mario Oyarzábal, embajador de Argentina ante los Países Bajos y los organismos internacionales en La Haya, detalló con claridad la situación. El inmueble, ubicado en el sureste de la capital venezolana, ha enfrentado continuamente situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados no identificados. Esto se ha dado en reprensión por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad están en peligro.
El embajador destacó la importancia de que Venezuela respete la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y otorgue los salvoconductos necesarios para que las personas asiladas puedan salir de territorio venezolano. Estas personas pertenecen al círculo íntimo de colaboradores de la líder opositora María Corina Machado.
El embajador también habló sobre la crisis poselectoral en Venezuela. Después de las elecciones del 28 de julio, las circunstancias del país se han deteriorado aún más. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados, y la voluntad democrática de la población es ignorada de manera deliberada.
Argentina es uno de los países de la región que no reconoce los resultados declarados ganador al presidente Nicolás Maduro. A raíz de estos cuestionamientos, Maduro expulsó al cuerpo diplomático argentino, cuya Embajada quedó bajo resguardo de Brasil. Esta situación ha agudizado las tensiones entre los dos países.
El Gobierno de Venezuela niega que lleve a cabo un asedio a la Embajada de Argentina. La semana pasada, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, argumentó que si la sede se ha quedado sin servicios es porque no los han pagado. Sin embargo, las declaraciones del embajador de Argentina ante la CPI han despertado un gran interés internacional y han generado una discusión sobre la verdad detrás de las acusaciones.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió a Venezuela liberar a los menores de edad detenidos durante las protestas electorales. Esta semana, la Cancillería de Venezuela rechazó las palabras de Khan y lo acusó de dejarse llevar por “campañas públicas” contra el Gobierno de Maduro. Estas reacciones han agudizado aún más la tensión y la disputa entre los dos países.