La solicitud del PLD por la publicación digital de la lista de beneficiarios es un paso significativo en la dirección de una administración más abierta y transparente. Mediante esta iniciativa, se busca garantizar que la ciudadanía tenga acceso oportuno y detallado a la información sobre quienes reciben los beneficios. La vicepresidenta, Zoraima Cuello, ha destacado la importancia de esta información para que la ciudadanía pueda hacer un uso efectivo de sus derechos.
Además, la petición de criterios de selección, controles y detalles sobre las organizaciones involucradas demuestra la voluntad del PLD de garantizar la equidad y la efectividad en el proceso de distribución de los beneficios. Esto es esencial para que se puedan identificar y corregir posibles desequilibrios o irregularidades.
La ley 200-04 establece claramente que todos los actos de la Administración Pública deben estar sujetos a publicidad. Esto significa que la presentación de la información sobre los beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros es una obligación imprescindible. El PLD está haciendo valer esta obligación para que la información esté disponible en tiempo real y pueda ser consultada por todos.
Además, el pedido de un informe sobre el costo de emisión de las tarjetas entrega es una muestra de la atención al detalle y la preocupación por la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Esto demuestra que el PLD está comprometido con una gestión responsable de los fondos.
Con la obtención de estas informaciones, la ciudadanía podrá hacer pleno ejercicio de su derecho a la información. Esto es esencial para que puedan participar activamente en la gestión pública y demandar una mayor responsabilidad de los organismos gubernamentales. Además, la fortaleza de los mecanismos de veeduría y transparencia ayudará a construir una confianza sólida entre la administración y la ciudadanía.
La iniciativa del PLD es un ejemplo de cómo una partido político puede trabajar en aras de la transparencia y la participación ciudadana. Al brindar acceso a la información detallada, se está promoviendo un entorno más equitativo y responsable en el gobierno.
De los 24 distritos, 22 presentan un nivel de transparencia "moderado" o "insuficiente" con menos de 70 puntos en una escala de 100. Esto es un dato significativo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión en este aspecto.
El informe tiene como objetivo "detectar la existencia y accesibilidad de herramientas y elementos de transparencia en cada distrito". Para lograr esto, se agruparon 13 ítems en 3 categorías de diferente dimensión. Estas categorías son Regulación de la Ética Pública, Gestión del Presupuesto y de las Compras y Contrataciones públicas, y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.
CABA (85%) y Mendoza (77,2%) destacan como los únicos distritos provinciales con un índice de transparencia "alta". Esto demuestra que existen ejemplos de buenas prácticas en la gestión de la información pública.
El Ejecutivo Nacional también se ubica en un buen lugar con un puntaje del 83,9%. Sin embargo, hay distritos que presentan resultados muy bajos, como San Juan (38,7%), Salta (37,9%), Santiago del Estero (20,8%) y Formosa (12,8%), que se encuentran en la categoría de "insuficiente".
Para conocer la accesibilidad de la información pública del Poder Ejecutivo en Córdoba, es necesario desglosar cada uno de los ítems analizados en el informe.
Boletín Oficial: Al igual que el 96% de las provincias, Córdoba tiene un Boletín Oficial accesible al público. Sin embargo, Formosa es el único distrito que no cuenta con esta herramienta. Esto es un aspecto importante, ya que el Boletín Oficial es una forma esencial de comunicar las decisiones del gobierno.
Portal de Compras: Existe una página web del Portal de Compras provincial, pero no permite a los ciudadanos realizar denuncias ni cuenta con un Registro de Proveedores. Esto es un aspecto que podría mejorarse para aumentar la transparencia en las compras públicas.
Portal de Transparencia: Se puede acceder a un sitio web del Portal de Transparencia de la Provincia de Córdoba, con actualizaciones diarias y con listado de compras y/o contrataciones. Esto es una herramienta valiosa para la ciudadanía, ya que permite conocer cómo se gestiona el dinero público.
Declaraciones Juradas: Los funcionarios del Ejecutivo de Córdoba están obligados por ley a presentar sus declaraciones juradas. Estos documentos son accesibles libremente, pero no se garantiza la veracidad de los valores consignados. Esto es un aspecto que requiere mayor atención para garantizar la integridad de la gestión pública.
Ética Pública: No hay una ley de Ética Pública sancionada en Córdoba. Esto es un vacío que podría afectar la conducta de los funcionarios y la confianza de la ciudadanía en el gobierno.
Registros: Ningún distrito subnacional tiene registros sobre los viajes, reuniones y regalos de los gobernadores. A diferencia de lo que ocurre en el Ejecutivo nacional, donde hay la obligación de publicar estos datos. Esto es un aspecto importante que podría ayudar a detectar posibles conflictos de interés.
Acceso a la Información: Existe una normativa provincial sobre el acceso a la información pública del gobierno, además de tener jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia ante la mora en la entrega de información pública. Córdoba también es una de las provincias que permite hacer solicitudes de información online. Esto es un avance positivo, pero se debe seguir trabajando para garantizar un acceso más eficaz a la información.
Acceso al Empleo Público: La Ley de Estatuto del Empleado Público está sancionada, pero sólo se realizan concursos en algunas áreas como educación. Además, se puede acceder a una nómina de funcionarios de la administración central y a la escala salarial vigente de toda la Administración Pública provincial. Sin embargo, no se puede conocer la nómina de todo el personal de la administración central, ministerios y secretarías. Esto es un aspecto que requiere mayor transparencia y acceso a la información.
Relación con la Prensa: En Córdoba no hay conferencias de prensa periódicas del gobernador o su vocero, y la página principal del gobierno no incluye formas de contacto con oficinas o encargados de prensa para los periodistas. Sin embargo, no se detectaron agresiones a la prensa por parte de funcionarios públicos. Esto es un aspecto que podría mejorarse para fomentar una mayor comunicación entre el gobierno y la prensa.
Pauta Publicitaria: Córdoba, Buenos Aires y CABA son los únicos distritos en lo que se puede acceder a información actualizada sobre la pauta oficial distribuida. Esto es una ventaja importante, ya que permite a los ciudadanos conocer cómo se distribuyen los recursos públicos.
Presupuesto: La provincia cuenta con el presupuesto del 2024 publicado y se puede seguir la ejecución presupuestaria. Esto es una práctica positiva que permite un seguimiento y una control más eficaz de los recursos públicos.
Nepotismo: No hay una ley que prohíba contratar personas con algún grado de parentesco a funcionarios. Esto es un riesgo potencial que debe ser abordado para garantizar la imparcialidad en la contratación pública.
Corrupción: No existe un órgano específico en el Poder Ejecutivo provincial que combata la corrupción. Esto es un vacío que requiere ser llenado para garantizar la integridad de la gestión pública.
Realizó una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, preguntando por el número de teléfonos celulares y chips decomisados, en qué reclusorios se realizaron las incautaciones y qué se hizo con los aparatos decomisados en un lapso de los últimos seis años. Pero, lamentablemente, la información quedó reservada.
Esta situación, según ella, es preocupante, ya que si no se tiene acceso a la información, no se puede evaluar de manera adecuada la efectividad de las medidas tomadas para combatir la delincuencia. Y, además, puede dar lugar a dudas sobre la honestidad y la transparencia de las autoridades.
Además, la posibilidad de que la delincuencia organizada pueda utilizar esta información para organizar motines dentro de los penales es una amenaza real. Esto pone en peligro la seguridad de los reos y los funcionarios penitenciarios.